¿De qué se trata la ley de protección integral a las mujeres?

En la actualidad se ha determinado que las mujeres pueden padecer distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y simbólica.

La ley nacional N° 26.485, a la que Mendoza adhirió a través de la ley N° 8.226, tiene como objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho a vivir sin violencia; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; la asistencia integral a las víctimas de violencia, entre otros.

Define a la violencia contra la mujer como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

De esta definición se desprende que quedan comprendidos los distintos tipos de violencia: física (agresión contra el cuerpo), psicológica (causa daño emocional y disminución de la autoestima), sexual (con o sin acceso genital; implica cualquier tipo de vulneración al derecho de decidir sobre la vida sexual o reproductiva), económica o patrimonial (menoscabar los recursos económinos o patrimoniales a través de la perturbación de la posesión de sus bienes, retenerlos indebidamente o destruirlos, limitar o controlar sus ingresos, etc.) y simbólica (mensajes, valores o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad).

Esta ley también define las distintas modalidades de la violencia como “las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra la mujer en los diferentes ámbitos”. Así, distingue la existencia de: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

Esta norma busca garantizar el cumplimiento de todos aquellos tratados internacionales a los que hemos dado rango constitucional, como así también a nuestra Carta Magna y a la legislación específica que sobre el tema existe; como por ejemplo la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  Así, establece principios rectores para que se generen políticas públicas que garanticen la igualdad entre mujeres y varones, la asistencia integral de las víctimas, el abordaje de los victimarios, la asistencia y patrocinio jurídico gratuito y los programas de acompañamiento.

¿Cómo debo actuar en caso de ser víctima de violencia?

La denuncia se puede hacer ante cualquier juez, sin importar fuero ni instancia o ante el Ministerio Público. Puede hacerse por escrito o en forma oral. Luego, el juez que intervendrá en la causa definirá de acuerdo al tipo y modalidad de violencia de que se trate. La denuncia la puede realizar la propia víctima o su representante legal y en el caso de que la víctima fuese discapacitada o no pudiera efectuarla por sí misma, cualquier persona puede hacerlo. En el caso de tratarse de violencia sexual, la denuncia deberá ser ratificada por la víctima.

Cualquier persona que trabaje en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud está obligada a efectuar la denuncia penal si por motivos de sus labores (ya sea en ámbito público o privado) toma conocimiento de que una mujer padece violencia.

En cualquier etapa del proceso, el juez interviniente de oficio o a pedido de parte puede ordenar medidas preventivas urgentes, como por ejemplo: prohibición de acercamiento, excluir al agresor del hogar, ordenar la restitución de efectos personales, que la policía acompañe a la víctima a su domicilio para retirar efectos personales, asistencia médica y/o psicológica, en caso de pareja con hijos fijar cuota alimentaria provisoria, etc.

A raíz de la promulgación de esta ley, también se creó la línea 144, un servicio brindado telefónicamente a víctimas o a sus familiares y amigos en donde prestan asesoramiento, contención y orientación de cómo actuar. En Mendoza también existe la Dirección de la Mujer que funciona en el Palacio de Justicia; y muchos municipios cuentan también con dependencias especializadas en el tema.

Es importante saber que todo trámite para las víctimas de violencia es gratuito, que pueden obtener medidas judiciales que garanticen su integridad física como así también todas aquellas que hagan a su recuperación y que en ningún caso las deben obligar a mediar o enfrentar al victimario.

 

María A. Di Giuseppe, Abogada, Pedro Molina 351, 3° Piso, Of. 2, tel. 4259848.

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